Nota Editorial del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Bahía Blanca

NOTA EDITORIAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BAHÍA BLANCA Las resoluciones de los jueces deben estar fundadas en lo que la ley les mande a hacer. La ley, además, debe ser el único motivo que gobierne la decisión del Juez. Al momento de dictar sentencia, el juez no debe pensar en cómo reaccionará la ciudad en donde él ejerce la función o qué esperan los funcionarios de la Municipalidad o de la Policía Provincial. Podemos criticar las sentencias por cualquier razón; pero el único fundamento para afirmar que un juez no actúa correctamente como juez es porque no obedezca a la ley o haya dictado sentencia motivado en otra circunstancia distinta de la ley. Para la ley, la única razón para retener en prisión a un detenido que aún no está siendo juzgado es que haya serios y fundados riesgos de que estando libre intente eludir o perjudicar las pruebas que se producirán en el juicio. No hay ley alguna que mande al Juez a mantener antes del juicio encarcelada a una persona porque alguien, sea quien fuere, —la víctima, sus allegados, el Juez, el Intendente, los funcionarios policiales— sospeche que esa persona va a cometer un delito, o porque así como los hubiera cometido en el pasado haya alta probabilidad de que lo cometa en el futuro. Pero, además, nuestro país se comprometió con varios tratados internacionales a no tener personas detenidas sino porque estén cumpliendo una condena dictada en juicio por jueces imparciales, e independientes, o sólo dependientes de lo que la ley le mande a hacer; juicios, además, en los que los encarcelados contaron con todas las garantías para defenderse. La inseguridad es un problema del cual es consciente toda la sociedad desde hace ya tiempo; durante él prevalecieron como explicaciones que fallaba la ley o el código procesal, que los jueces son garantistas, que la ley de excarcelaciones era muy benigna, que la edad de imputabilidad de los menores era muy alta. Las autoridades comulgaron en varias ocasiones con esas convicciones y hubo reformas legales y administrativas ajustadas a esas explicaciones. Se destinaron incluso cada vez más recursos con base en ese enfoque del problema. Sin embargo, la inseguridad cada vez es más grave. El Señor Intendente dijo estar podrido. Lo lamentable es que continuará hastiado si sigue ubicando el problema en el Juez de Garantías de su distrito, así como ubicando la solución en el rol que debe cumplir la justicia de garantías o la prisión preventiva en el proceso penal. Lo que él señala como críticas a ese juez son la mejor muestra de lo correcta que es la actuación de éste y por ello es un deber de todos defenderlo y hacer estas aclaraciones de modo de preservar su independencia e imparcialidad como magistrado. Porque en las manos de éste no está sólo la libertad de los acusados, también está la de los acusadores. No es (ni debe ser) de la competencia de los jueces adoptar alguna política con el fin de resolver la inseguridad. Entendemos que estas reflexiones puedan provocar cierta perplejidad. Algunos incluso se ofuscarán porque señalamos que la solución para la inseguridad que sostiene el intendente está equivocada, sin ofrecer alguna alternativa. Al respecto sólo nos animamos a afirmar que la inseguridad es un problema de Estado; que demanda un estudio muy profundo de las múltiples y complejas causas que hay detrás; y que exigirá un programa de largo plazo al que deberán comprometerse a ejecutarlo todos los partidos políticos durante décadas; la ciudadanía no debe ser engañada por quienes postulan soluciones sencillas y de corto plazo fundadas en un análisis simplista o monocausal; y aun así tendremos que asumir el costo de padecerla por varias generaciones. Políticas contra la inseguridad como la que de buena fe postula el Señor Intendente ya llevan implementadas desde hace varios años y la inseguridad sigue agravándose. La ciudadanía tampoco tiene que engañarse: la falla de esas políticas no es porque tengan que ser profundizadas. Son políticas desenfocadas. Son políticas ilegales. Son políticas inconstitucionales. Son políticas ineficaces. Consejo Directivo CABB

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